Ambos conceptos, tanto reducciones como bonificaciones, se usan con gran asiduidad en los últimos tiempos en los medios de comunicación e incluso en otros foros más especializados, incluidos los debates políticos.

Aunque se suelen usar ambos términos de manera indistinta, siendo el término bonificación mucho más conocido que el de reducción por su uso más habitual y cotidiano, no son exactamente lo mismo.

Tanto reducciones como bonificaciones, son instrumentos de políticas activas de empleo, que buscan mediante la disminución de los costes de cotización a la seguridad estimular, tanto el empleo por cuenta ajena como propia.

Es decir, la semejanza principal de estos conceptos es su finalidad, puesto que ambos persiguen como finalidad principal reducir los costes laborales para las empresas que contraten trabajadores y para aquellos emprendedores que decidan iniciar una actividad empresarial bajo la forma de empresario autónomo.

Sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos económicos y jurídicos es muy importante, y atañe al origen de los fondos con los que la administración suple la menor recaudación derivada de la aplicación de reducciones y bonificaciones.

En el caso de las reducciones, es la propia TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) la que se hace cargo de compensar con sus propios fondos la menor recaudación derivada de la aplicación de reducciones. Esta fórmula, en tiempos pasados en los que la actividad económica permitía a la TGSS recaudar por cotizaciones sociales más dinero del destinado a cubrir sus obligaciones, como son las pensiones, era financieramente aceptable y no generaba un coste adicional importante en las arcas públicas. Sin embargo, en los tiempos actuales donde las recaudaciones por cotizaciones sociales no permiten hacer frente al coste total del sistema de pensiones, y donde se ha reducido el fondo de garantía constituido para su financiación futura en más de un 50%, esta fórmula de estímulo de la contratación y la actividad emprendedora no parece ser ni la más adecuada ni la más sostenible.

En el caso de las bonificaciones, la financiación de las reducciones de cotización para las arcas dela TGSS se realiza mediante transferencias a esa Tesorería procedente de dos posibles fuentes, bien el presupuesto propio de otro organismo público como puede ser el SPEE (Servicio Público Estatal de Empleo), o bien directamente mediante partidas procedentes de los PGE (Presupuestos Generales del Estado). En ambos casos, la fuente de financiación son los impuestos de todos los españoles los que sufragan estas políticas activas de empleo que son las bonificaciones de cotizaciones a la seguridad social, y por tanto, con esta medida no se produce un menoscabo directo de las arcas de la Seguridad Social en tiempos de problemas graves de financiación del sistema de pensiones, sino que la carga derivada de esta medida de estímulo al empleo se reparte entre todos los ciudadanos mediante el pago general de sus impuestos.

A la vista de lo expuesto, parece que financiera y socialmente está  más aceptado el sistema de bonificaciones que el de reducciones de las cotizaciones a la seguridad, tanto por lo que supone de reducción del menoscabo de las arcas de la Seguridad Social, como por la mayor justicia que conlleva el hecho de que la carga de estas políticas activas de empleo repercutan, no en los acreedores del sistema de la seguridad social (pensionistas), sino en el conjunto de la población mediante el pago de sus impuestos.

Ejemplo práctico: La disminución de cotizaciones a la seguridad social de nuevos autónomos mayores de 30 o 35 años, según se trate de hombres o mujeres.

 En este caso el periodo de menor cotización a la mínima obligatoria es de 18 meses, Los cuales son resultado de la aplicación de una reducción y una bonificación a la cotización a la seguridad de la siguiente forma:

  • 6 meses con reducción del 80% sobre base mínima de cotización al RETA.
  • 6 meses con reducción del 50% sobre base mínima de cotización al RETA.
  • 3 meses con reducción del 30% sobre base mínima de cotización al RETA.
  • 3 meses con bonificación del 30% sobre base mínima de cotización al RETA.

Autor: José Antonio Fernández Navarrete