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Todos sabemos, que entre las cualidades que precisa toda persona emprendedora se encuentran dos muy importantes, como son: confianza en sí mismo y capacidad para asumir riesgos. Pero tales facultades son difícil de alcanzar si el ordenamiento jurídico no ofrece un marco jurídico claro y seguro, y, a veces éste no lo es todo lo que debiera.

La reciente Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, publicada en el BOE núm. 257, de 25 de octubre, consciente de la necesidad de continuar incidiendo en la mejora de las condiciones en que desarrollan su actividad los trabajadores autónomos y garantizar sus expectativas de futuro, prevé en su Disposición adicional cuarta, un “Estudio del concepto de habitualidad a efectos de la inclusión en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos”, pues, como sabemos en los últimos años se han dictado sentencias, resoluciones administrativas y dictámenes con soluciones diferentes, que han provocado gran inseguridad e incertidumbre, con los efectos nocivos que ello origina en la persona que tiene un proyecto empresarial o económico, al incrementarle la ansiedad y el miedo ante la ausencia de un criterio normativo claro, que fije claramente los límites y sus consecuencias jurídicas.

Un ejemplo claro lo tenemos respecto a una actividad de mucha actualidad en nuestros días, como es la del alquiler turístico, que en muchas ciudades españolas está dividiendo a la ciudadanía, e incluso a las administraciones públicas, entre defensores y detractores de esta creciente modalidad de alojamiento turístico, llegándose a hablar, incluso de turismofobia. En este sector nos encontramos con diferentes regulaciones aplicables, locales, autonómicas y estatales, y no siempre con un criterio único, lo que ha llevado al propio Defensor del Pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán, a solicitar “que se apruebe una normativa fiscal que defina los requisitos del alquiler turístico por parte de particulares para evitar la inseguridad jurídica actual.” En su comunicado el Defensor del Pueblo ha informado que ha recibido “numerosas quejas de ciudadanos afectados por las normas aprobadas por algunas comunidades autónomas para regular la actividad del alquiler de viviendas de uso turístico”. “Estas normas imponen el cumplimiento de unos requisitos, como el alta en seguridad social y en un censo tributarios,…” Sin embargo, para la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no toda actividad de alojamiento puede encuadrarse en la actividad empresarial de hospedaje, pues puede considerarse como una simple actividad de alquiler de viviendas cuando no se ofrezcan los servicios complementarios propios de la industria hotelera.

El Defensor del Pueblo en su Recomendación de 08/08/2017 con respecto a la regulación de los alojamientos turísticos extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, considera que “es obvio que el tratamiento fiscal y de Seguridad Social que ha de darse a la actividad de alquiler turístico es competencia de otras administraciones. Ahora bien, desde el momento en que esa Administración incluye entre los requisitos para el ejercicio de la actividad turística condicionantes que afectan a las competencias de otras administraciones debe justificar la razón de tales requisitos y coordinarse (sometiéndose a los criterios que en su caso establezcan las administraciones competentes) para asegurar que a esta actividad se le da un tratamiento homogéneo. Si la Administración autonómica en materia de turismo no se coordina con otras administraciones competentes (como lo es la Administración tributaria) se genera el riesgo de que los ciudadanos no tengan claro cuál es el tratamiento fiscal de esta actividad o que este dependa, en última instancia, de la correspondiente regulación turística, lo cual vulneraría el principio de seguridad jurídica que recoge la Constitución Española en su artículo 9.3.”

En otra Recomendación de esta Institución también del pasado 8 de agosto, destaca: “problemas derivados de la ausencia de coordinación con las competencias de otras administraciones. Por una parte el requisito de alta censal en la Agencia Tributaria para todos, podría no adecuarse al criterio de la Administración tributaria, expresado en la consulta vinculante V111-11 de 3 mayo de 2011 según el cual el alquiler vacacional por sí solo, es decir, cuando no lleva aparejada la prestación de servicios propios de la industria hotelera, está exento de IVA. Este mismo criterio puede regir respecto del IRPF, cuando se califican como rendimientos del capital inmobiliario y no como rendimientos de actividades económicas. También el requisito de estar dado de alta en la Seguridad Social, que prevé esa normativa, dificulta la obtención de rentas de capital inmobiliario a un jubilado perceptor de una pensión.”

En definitiva, es importante que el legislador se haya propuesto acabar o, al menos concretar un poco mas, uno de los conceptos jurídicos indeterminados que mas dolor de cabeza y preocupación está dando a las personas emprendedoras, como es el de la habitualidad a efectos de la incorporación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Ajena o Autónomos, y parece ser que el criterio a seguir para definirlo, según señala la referida Disposición adicional cuarta, sería, como han pedido muchos especialista, que se supere la cuantía del salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.