Aunque ambos tipos de alojamientos comparten los mismos requisitos mínimos y prescripciones específicas (Anexo II y III del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, BOJA núm. 14, de 2 de febrero), tienen jurídicamente importantes diferencias, pues, mientras la actividad  de Casa Rural Básica es considerada una actividad empresarial pura y dura, la actividad de vivienda turística de alojamiento rural es, a pesar de tener también un carácter económico, simplemente una actividad privada de explotación de inmuebles.

La única nota distintiva a efectos turísticos entre estas dos modalidades de alojamientos ya venía apuntada en el mencionado Decreto 20/2002, al exigir para la vivienda de alojamiento rural que se comunicara obligatoriamente un periodo de apertura, pero sin concretar límite alguno para éste, aunque en la práctica se requería que no comprendiera un año entero.

Ha sido la vigente Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, 31 de diciembre), la que en su artículo 48.1, expresamente ha establecido un plazo máximo de explotación de tres meses en todo el año. Como literalmente dice, pueden ser “ofertadas al público, para su utilización temporal u ocasional, con fines turísticas una o más veces a lo largo del año, sin que en ningún caso la prestación del servicio exceda, en conjunto, tres meses al año.”

Como ya se ha destacado, jurídicamente tienen distintos tratamientos, ya que los rendimientos de las casas rurales se estiman rendimientos empresariales, con las consecuencias fiscales que ello conlleva, desde la necesidad de comunicación a la Agencia Tributaria Estatal del inicio de dicha actividad económica, a través del 036 ó 037, al cumplimiento de las obligaciones fiscales trimestrales y anuales propias de toda actividad empresarial. Sin embargo, los rendimientos de las viviendas turísticas de alojamiento rural se catalogan como rendimientos inmobiliarios, y con tal naturaleza, deben ser declarados a la Agencia Tributaria Estatal, teniendo, en consecuencia, el tratamiento propio de dichos rendimientos, similares, por lo tanto, a los que derivan de los arrendamientos urbanos, sin que sea necesario tramitar ninguna comunicación de alta.

Con respecto a las obligaciones laborales y de seguridad social, también hay importantes diferencias, ya que para la explotación de las casas rurales se exige el alta en la Seguridad Social de al menos una persona en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, sin embargo, dicho requisito, en principio, no es necesario respecto a los titulares de viviendas de alojamiento rural, al faltar en dicha actividad el requisito de la habitualidad, pues, como ya se ha dicho, solo pueden explotarse con la normativa vigente un total de tres meses a lo largo del año.

En próximas entregas, se irán desarrollando mas detalladamente los distintos aspectos destacables de estos tipos de alojamientos rurales, muy importantes para nuestras débiles economías locales y esperanza de futuro para un mejor desarrollo sostenible de ellas.

 

Autor: Francisco Luis Merchán Álvarez