Últimamente en numerosos medios de comunicación se viene hablando de un nuevo impuesto llamado por muchos “Tasa Google”. Esta nueva fórmula impositiva, puesta en marcha desde la Unión Europea para su posterior aplicación por cada uno de los países miembros, pretende gravar a las empresas tecnológicas no sólo a Google, pero como suele ocurrir en tantos otros casos, es tanto el peso de Google entre las empresas de ese sector que al final el nuevo impuesto va a ser conocido popularmente con su nombre, publicidad que no sabemos si será vista con buenos ojos por esta multinacional.

¿Por qué se aprueba la Tasa Google?

La Comisión europea ha aprobado recientemente una Directiva que pretende acabar con el agujero fiscal provocado en Europa por la actividad de las grandes multinacionales del sector digital. La nueva norma permitirá a los países de la Unión someter a gravamen la facturación de esas compañías en sus territorios, aunque no tengan presencia física en los mismos.

Bruselas ha propuesto una horquilla de entre el 1% y el 5%. Pero sugiere que todos los países adopten un tipo común del 3% para evitar la competencia fiscal entre ellos.

¿Qué grava este impuesto?

El impuesto gravará dos tipos de ingresos brutos: los derivados de la rentabilización de los datos de los usuarios (a través de la publicidad o por la venta de esos datos a terceros) y los de las plataformas de intermediación (como las de hostelería del tipo de Airbnb o las de transporte como Uber o Cabify).

Se calcula que con un tipo del 3% se ingresarían unos 4.800 millones de euros entre los 28 países de la Unión, aunque previsiblemente el grueso de la recaudación se lograría en los grandes países como Alemania, Francia o España.

¿Quién paga este impuesto?

La pregunta más recurrente en este caso es quién pagaría este nuevo impuesto, a esa pregunta Bruselas responde que lo harían aquellas empresas del sector digital con una facturación mundial de más de 750 millones de euros y una facturación en Europa de más de 50 millones de euros. El pago del impuesto se hará en cada país de la Unión, en función de los ingresos que obtengan estas empresas en sus territorios por las actividades gravadas.

La aplicación de este nuevo impuesto en toda la Unión Europea puede llevar tiempo, puesto que requiere la aprobación de sus 28 miembros, por esa razón, lo más lógico será ver como este impuesto es aplicado por unos países primero y por otros más tarde o nunca. Los principales países de la UE están a favor de su aplicación, entre ellos España, sin embargo, países pequeños que en muchos casos sirven de refugio fiscal a este tipo de multinacionales para pagar menos impuestos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda, son muy reticentes a su aplicación.

Aunque a priori este tipo de impuestos parece algo nuevo y sin precedentes históricos, lo cierto es que ya existen tasas similares a la propuesta por la Unión Europea en países como la India, Israel o algunos estados de EE. UU.

En España, los nuevos Presupuestos Generales del Estado que se encuentran en fase de tramitación ya recogen este impuesto en forma de tasa sobre la actividad de las grandes compañías tecnológicas denominada Impuesto sobre los Servicios Digitales con un tipo de gravamen del 3% sobre los servicios de publicidad en línea, intermediación online y venta de datos de usuarios de empresas que facturen más de 750 millones en el mundo y tres millones en España. Se estima que esta medida podría recaudar en España 1.200 millones de euros en el año 2019.

Pero como siempre cuando se habla de impuestos y fiscalidad, el mayor problema para cumplir con los objetivos recaudatorios es la evasión fiscal. Por esa razón, el Gobierno prevé crear un régimen sancionador específico para evitar el falseamiento u ocultación de direcciones IP u otros instrumentos de geolocalización, con la finalidad de conseguir que todas las transacciones realizadas en España por las grandes multinacionales tecnológicas y digitales paguen este impuesto.

 

Autor: José Antonio Fernández Navarrete.